Democracia y alimentación: del control social a la libertad de elegir
Dictaduras y hambruna contra democracia y alimentación.
Hablemos de democracia y alimentación, y de cómo la hambruna se ha y se sigue utilizando como instrumento de control social y arma de guerra.
En enero de 1942 con la Segunda Guerra Mundial en curso, el imperio japonés lanzó una ofensiva sobre territorio birmano, que se encontraba bajo dominio de la corona británica. Tras ver amenazada la frontera con Bengala, el primer ministro Sir Winston Churchill decidió aplicar la política de tierra quemada: con el 60 % de los alimentos de esta región siendo enviados a los francos de guerra británicos, la quema de los excedentes de arroz y otros alimentos terminó por generar una hambruna que cobró la vida de 3 millones de personas.
79 años después de este lamentable suceso, el 1 de febrero de 2021 Birmania (Myanmar) sufrió un golpe de estado. A consecuencia del control militar, la represión hacia la población y el debilitamiento de la economía, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA), alertó que la escasez de alimentos detonada pone en riesgo la vida de 3.6 millones de personas, siendo la población de las zonas urbanas la más afectada.
A consecuencia de regímenes de corte autoritario que generan políticas llamadas anticapitalistas y la aplicación de programas de asistencialismo para pretender combatir la desigualdad social, 155 millones de personas en 55 países no tienen asegurado el acceso a la alimentación. Democracia y alimentación negadas.
En febrero pasado, el PMA recibió un llamado por parte del embajador cubano en Italia, el señor José Carlos Rodríguez, para aprobar con urgencia el envió de asistencia alimentaria, a fin de atender la escasez de alimentos que afecta al menos a 1.5 millones de cubanos.
Una desgracia para nuestro continente es lo que sucede en Venezuela, un país señalado por el índice de democracia como una dictadura. El PMA logró en abril de este año un acuerdo para comenzar a proporcionar alimento diario a niñas y niños de entre 1 a 6 años, en un programa que tiene como objetivo atender 180 mil niños para finales de este año e incrementar su alcance a 850 mil para finales del ciclo escolar 2021/2022, alcanzando una cobertura de 1.5 millones de niños para el año 2023.
De la hambruna a la libertad por elegir qué comer
Quizá las democracias no son perfectas y requieren de un constante debate de cómo fortalecerlas, pero en un mundo en el que 690 millones de personas ven pasar los días sin ingerir alimento, situación que ocasiona 24 mil muertes cada 24 horas, vivir en un país que respeta los derechos fundamentales de sus ciudadanos ya es ganancia.
En el país del Fish & Chips, un catalán que se autodescribe como un vegano ético, probó las mieles de vivir en un país con respeto a las leyes laborales y un estado de derecho sólido.
Nuestro amigo con residencia inglesa, Jordi Casamitjana, decidió ir a juicio ante la corte de Norwich, a 160 km de Londres, tras considerar que su queja, donde acusó a su empleador en la League Against Cruel Sports (La liga contra los deportes crueles) de invertir los fondos de las pensiones en empresas que experimentan con animales, fue la causa de su despido.
Después de presentar 1,400 páginas de documentación, logró que el juez Robin Postle terminara por considerar al veganismo ético como una creencia filosófica que debe ser protegida por la ley de igualdad aprobada en 2010 en el Reino Unido, lo que convierte al veganismo en esta región del mundo en un derecho humano. Los 600 mil veganos que habitan Reino Unido se han anotado una gran victoria.
Sin declarar simpatía o rechazo al gusto alimentario del Sr. Casamitjana, ser miembro de una sociedad en países con índices de apertura y libertad económica, en el cual se respeten los derechos civiles de sus ciudadanos, permite al consumidor incorporar la subjetividad de valores éticos y morales, a lo que podríamos abordar como una necesidad netamente biológica de ingerir alimentos.
Un país de democracia y alimentación garantizada
Aún cuando nuestro país se considera una democracia defectuosa y tenemos un respeto medio a los derechos civiles, y a pesar de existir una campaña de convencimiento permanente sobre lo extremadamente pobres que somos, nuestro país cuenta con una apertura comercial importante y un poder adquisitivo suficiente para que nuestra sociedad se incorpore y participe de las tendencias de alimentación que han surgido a nivel mundial.
Al preguntar a los mexicanos sobre su alimentación, un 20 % de la población señala haber reducido o abandonado el consumo de carnes. La clasificación clásica que dividía a los grupos de consumidores mexicanos entre vegetarianos y omnívoros, se ha extendido para incorporar nuevas tendencias como dietas macrobíoticas, flexitarianas, frugivorismo, ovolactovegetarianismo y crudiveganismo.
La nuestra es una democracia que está muy lejos de ser consolidada; atravesamos por un periodo de provocación directa para desaparecer los logros e instituciones que hacen posible a los ciudadanos vivir libremente.
Alimentarse y el proceso que hace posible una oferta, desde productos chatarra hasta alimentos con certificaciones orgánicas y libres de maltrato animal, requieren de un país abierto al comercio mundial y de la participación social en la toma de decisiones políticas que buscan limitar o cancelar los derechos individuales.
Lo que se tiene que garantizar es la seguridad alimentaria para los más de 120 millones de habitantes del país. Lo que cada uno de ellos decida comer, es y debe ser sólo una decisión personal y no una imposición.
